El agua constituye el elemento articulador de los sistemas de vida del planeta, además de un recurso natural, único, finito, indispensable para todo organismo viviente y para gran parte de las actividades económicas y productivas del hombre. Aunque más de dos tercios de la superficie terrestre está cubierta por ella, apenas el 0,74% se halla en lagos, ríos, pantanos, depósitos subterráneos, atmósfera y sistemas biológicos, lo que supone unos 1.400 millones de km2 de agua, de los cuales sólo 9.000 km2 anuales se estiman disponibles y utilizables para la población humana. Este volumen equivale a 1.800 metros cúbicos (m3) por persona al año, cantidad muy superior a la que se utiliza realmente. A pesar de la magnitud de las cifras, el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso, especialmente en las zonas secas del mundo y en aquellos lugares donde la degradación del ambiente ha interrumpido su natural almacenamiento. Dos son los factores que afectan la disponibilidad y calidad del agua dulce en el planeta: el aumento de la actividad humana y la contaminación.

El agua constituye el elemento articulador de los sistemas de vida del planeta, además de un recurso natural, único, finito, indispensable para todo organismo viviente y para gran parte de las actividades económicas y productivas del hombre. Aunque más de dos tercios de la superficie terrestre está cubierta por ella, apenas el 0,74% se halla en lagos, ríos, pantanos, depósitos subterráneos, atmósfera y sistemas biológicos, lo que supone unos 1.400 millones de km2 de agua, de los cuales sólo 9.000 km2 anuales se estiman disponibles y utilizables para la población humana. Este volumen equivale a 1.800 metros cúbicos (m3) por persona al año, cantidad muy superior a la que se utiliza realmente. A pesar de la magnitud de las cifras, el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso, especialmente en las zonas secas del mundo y en aquellos lugares donde la degradación del ambiente ha interrumpido su natural almacenamiento. Dos son los factores que afectan la disponibilidad y calidad del agua dulce en el planeta: el aumento de la actividad humana y la contaminación.


El crecimiento demográfico y económico ha significado el aumento de la demanda a escala doméstica, agrícola, industrial y minera. En el año 2000 su consumo habrá aumentado en diez veces desde 1900. Aun cuando se prevé que en el agro, el mayor utilizador de agua dulce, el porcentaje caerá en forma significativa (de un 90% a un 62%, aproximadamente), el de la industria y las ciudades habrá crecido enormemente: de un 6% a un 24%, y de un 3% a un 8%, respectivamente.

Este incremento exponencial del uso del agua, sobre todo en los últimos 15 años, no ha sido acompañado de medidas para hacer más eficiente su manejo, tanto en la captación como en la disponibilidad. En este contexto, la creciente contaminación se erige como uno de los problemas más graves, ya que reduce gradualmente los caudales disponibles. En Chile, como en el resto del mundo, los cauces están recibiendo una carga creciente de residuos y desechos, muchos altamente tóxicos, provocando situaciones de riesgo permanente y un alto costo de recuperación, cuando ésta es posible.

La sobreexplotación en aumento y la contaminación han significado un abastecimiento de agua cada vez más inadecuado en cantidad y calidad, especialmente en los países en desarrollo. Se estima que alrededor del 80% de las enfermedades son causadas hoy por el agua, y que cada día mueren unos 40 mil niños por sus niveles de contaminación. A su vez, la explotación de sitios acuíferos ha sido en muchos lugares más rápida que su reposición, ya que la recarga natural es un proceso extremadamente lento, que puede tardar miles de años.

Ya es hora de considerar al agua como un recurso no renovable, sin perder de vista que, sobre todo, la supervivencia de la vida en todas sus expresiones es la que está en juego. Los principales desafíos que enfrenta Chile en la disponibilidad, manejo y uso de los recursos hídricos son los siguientes:

1. - Escasez de las aguas superficiales en las zonas norte y centro del país
Según el balance hídrico de 1987, el caudal medio es de 928 km3 por año, equivalente al 2,1% de todo el caudal mundial, y al 7,9% de América del Sur. La disponibilidad de agua apta para el consumo humano en Chile asciende a 70.000 m3 al año por habitante, o sea 7,3 veces mas que el promedio mundial. Considerando superficie, la disponibilidad media mundial es de 330.000 m3 al año por kilómetro cuadrado, mientras que para el territorio nacional es de 1.226.000 m3. Esta abundancia es, sin embargo, sólo relativa debido a los problemas detectados, entre los cuales destacan:

" Baja disponibilidad de los recursos hídricos para la mayoría de la población: La disponibilidad de agua se distribuye de manera desigual a lo largo del país. Los habitantes de la VI Región al sur disponen de una mayor cantidad que el promedio mundial, mientras que aquellos que viven entre las regiones I y Metropolitana cuentan con sólo 1.000 m3/año/hab, cifra considerada muy baja; y preocupante también, ya que en esta zona habita el 61% de los chilenos. Incluso, las regiones II, III y Metropolitana tienen una disponibilidad por debajo de los 1.000 m3. En el caso de Santiago, que nuclea al 32% de la población del país, se dispone en forma natural de sólo 820 m3 per cápita al año.

" Aumento de la demanda en zonas de escasez: La demanda de agua está creciendo en aquellas áreas en que su disponibilidad relativa es extremadamente baja -entre las regiones I y Metropolitana-, originando una fuerte disputa con los sectores de agua potable, minero y agrícola. En el Gran Santiago, la disponibilidad puede llegar a niveles críticos en los próximos 15 a 20 años, pues se proyecta un aumento del consumo en un 50%, lo que superaría la disponibilidad del río Maipo su principal proveedor. En un escenario de mayores sequías, la escasez puede ser más aguda.

Un aspecto relevante a considerar son las diferencias de consumo que se detectan en los hogares de las diversas comunas de la capital: mientras Vitacura utiliza un promedio de 868 litros por habitante al día, La Reina recurre a 577 litros por habitante, Pudahuel a 206 litros y Lo Espejo sólo a 197 litros. Estos antecedentes ofrecen una pauta sobre usos mínimos, pero también sobre la necesidad de racionalizar el consumo a través de diversos instrumentos. Más al sur, entre los ríos Rapel y Bío Bío hay una mayor abundancia de recursos y la competencia se da, principalmente, entre los rubros hidroeléctrico y agrícola. Al sur del río Bío Bío, los usos son aún poco significativos y los conflictos se concentran en la problemática ambiental. En general, la escasez limita tanto las actividades productivas como el desarrollo urbano y rural. En el corto plazo, podría retardar seriamente el desarrollo económico de las regiones más afectadas, dato que se agrava por los crecientes riesgos de contaminación.

" Gran parte del agua entre la I y la VIII Región ya está usada: Según las estadísticas de la Dirección General de Aguas, los recursos hídricos en esta zona están casi todos utilizados. Sólo quedan disponibles ciertos derechos de aprovechamiento eventuales (excedentes por aumento del caudal), otros sobre aguas subterráneas y algunos para hidroeléctricas. Hasta el río Rapel, entre la I y la VI Región, el uso es tan intensivo que por esos cauces no llega agua al mar. A partir del Maule, VII Región, los cursos se incrementan, pero con un caudal muy inferior comparado con el que baja desde la cordillera, entrando en grave crisis los años secos como 1998. En la IX Región, los recursos hídricos hasta ahora no constituyen una limitante y la escasez se afronta con existencias sobrantes. Desde la X al sur del país, el agua es abundante y de buena calidad, con excepción de algunas áreas urbanas.

2.- El aumento del consumo de la industria
En 1996, la demanda por agua en Chile estaba constituida en un 29,6% por el uso consuntivo (llamado así porque, tras ser usadas, las aguas no son devueltas a su cauce), propio de las ciudades y de las actividades agrícolas, mineras e industriales, El 70,4% restante se entregaba principalmente a centrales hidroeléctricas (uso no consuntivo, ya que el agua no es totalmente consumida), porcentaje que aumentará significativamente, a un 93% en el año 2017, mientras que los usos consuntivos bajarán al 7%.

Dentro de las aguas para uso consuntivo, el 81% correspondía a la agricultura; el 4,4% al agua potable; el 7,9% a la industria; y el 6,7% a la minería. Para el 2017 habrá variaciones, entre las cuales: el sector agrícola demandará el 76,9%, la industria un 12,2%; la minería un 6,2% y el agua potable un 4,7%. Las dos últimas actividades se abastecen en gran medida de recursos subterráneos. Es visible que el mayor crecimiento de la demanda por agua estará en la industria.

En provincias, el uso consuntivo es bastante desigual. Las mayores demandas se localizan entre las regiones Metropolitana y VIII, y las que piden mayor volumen son la VI y la VII Región. Las restantes tienen una demanda menor. Para el futuro, no se prevé grandes cambios en la situación actual, aunque el crecimiento previsto para la industria impactará en ocho regiones. El agua potable aumentará en seis, la minería en cinco y el agro sólo en dos.

El agua potable que nutre las ciudades (4,4% del total) equivale a 354.000 litros por segundo. Las mayores demandas están en la Región Metropolitana, con el 50,4%, dato acorde al hecho de que allí se instala el 40% de la población nacional. Le siguen las regiones V y VIII, con requerimientos de 11,7% y 8,8%, respectivamente.

3.- En promedio, los chilenos consumen 288 litros por habitante al día
Según la Dirección General de Aguas, el consumo anual en Chile llega a 37,5 m3/s, lo que significa 288 litros por habitante al día. Al 2050 se cree que habrá 21 millones de habitantes, lo que implicará una demanda de unos 80m3/s, el doble que hoy. Sólo en Santiago las necesidades hídricas se incrementarán de 17,59 m3/s en 1995, a 27,11 m3/s en el 2022.

Pero hoy la demanda no está completamente satisfecha. De acuerdo al INE, en 1992 la cobertura de agua potable en el país alcanzaba al 98,9% en las áreas urbanas, y sólo al 74,8% en el sector rural concentrado. Esto significa que había 12.158.246 de chilenos abastecidos, lo que equivale al 91,1% de la población del país. En el área rural, sólo 150.000 personas acceden al agua potable, mientras que otras 877.000 la extraen de norias, pozos o vertientes. En definitiva, las personas sin acceso al agua potable suman 1.190.155 personas, tres cuartas partes de las cuales están en el sector rural disperso.

La responsabilidad de producir y abastecer de agua potable al país le corresponde a trece empresas sanitarias regionales filiales de Corfo, todas creadas como sociedades anónimas. Las dos estatales más importantes son EMOS, concentrada en la Región Metropolitana y nutrida por el río Maipo, y Esval, en la V Región. Ambas tienen una parte minoritaria de la propiedad en manos privadas. En el caso de los sectores rurales, es la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, a través del Departamento de Programas Sanitarios, la encargada de conducir las políticas.

4.- El agotamiento y la contaminación de las aguas subterráneas
Al revés que las aguas superficiales, las aguas subterráneas presentan una menor variabilidad hidrológica, propiedades físico-químicas en general ventajosas y frecuentemente son explotables cerca de los centros de consumo. En 1992, de los más de tres mil pozos construidos en el país, 1.514 eran utilizados para agua potable, con un caudal de 30,8 m3/s; otros 1.220 servían para riego, con 42,5 m3/s; en tanto que 660 iban a la industria, a razón de 14,4 m3/s. Como se ve, el agua subterránea cumple un papel relevante como fuente abastecedora de agua potable, ya que cerca del 50% de la población la consume. Además, es la fuente principal de abastecimiento de urbes medianas y pequeñas, y de sectores rurales.

" Su sobreexplotación es un riesgo mayor que ya se está viviendo en varias localidades del país como Azapa, la Pampa del Tamarugal, el valle del río Copiapó y la cuenca de Chacabuco-Polpaico, entre otras localidades. En el caso de la Pampa del Tamarugal (sector de Canchones), de la cual se abastece a la ciudad de Iquique, ha experimentado una sobreexplotación que supera la recarga del sector. El déficit de recarga alcanza hoy a 1,7 m3/s.

" Esta sobreexplotación también afecta a la Región Metropolitana. El caudal de aguas subterráneas solicitado para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento entre enero de 1991 y agosto de 1995, subió de los 30 m3/s, lo que, sumado a los derechos preexistentes a esa fecha, estaría superando el caudal total de recarga promedio de los sistemas acuíferos. Ello indica que la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos de la región capitalina no es una realidad lejana.

" La contaminación de los recursos subterráneos no es menos grave, ya que implica perjuicios casi insalvables. Las dificultades de detectarla, el retardo entre la emisión dañina y su impacto, y una mayor duración de los efectos, son factores que conspiran contra una eventual recuperación. Pero además las medidas correctivas ofrecen resultados más bien retardados.

" Tan grave como la contaminación misma es la falta de conocimiento sobre su impacto. Los estudios existentes son muy restringidos debido a la ausencia de monitoreo. Esta carencia podría producir grandes perjuicios cuando las aguas subterráneas sean la base más importante del consumo agrícola y urbano, como ya ha sucedido en los países desarrollados.

Hay tres tipos de contaminación subterránea:

a. La contaminación localizada: Daño específico en un área restringida, que se puede generar por infiltración de residuos industriales, percolación desde tranques de relave, lagunas de estabilización de aguas servidas y rellenos sanitarios.

b. La contaminación difusa: Asociada al uso intensivode fertilizantes y pesticidas en la actividad agrícola. Se la ha detectando en amplias zonas del país, pero tampoco se han estudiado sus efectos contaminantes. No debe olvidarse que su uso ha crecido notablemente en los últimos años a niveles de 64% los herbicidas, 221% los acaricidas; 81% los productos especiales y 137% los fertilizantes nitrogenados en un sólo año. Otra fuente de contaminación difusa es el riego con aguas servidas, fenómeno particularmente severo en la Región Metropolitana. Lo grave de este tipo de daño es que es sustancialmente más difícil de controlar que la localizada.

c. Contaminación salina: Se produce cuando la sobreexplotación de un sector acuífero costero o próximo a aguas salobres, crea las condiciones para que se cuele una filtración salina. Se ha registrado, por ejemplo, en el Valle de Azapa, donde la gran escasez en el río San José ha llevado a sobreexplotar los acuíferos en busca de riego y agua potable, con bombeos ininterrumpidos en numerosos pozos. Con los años, esta situación ha derivado en la intrusión de agua de mar. Otro caso se ha detectado en Quebrada de Los Choros (IV Región), donde los recursos subterráneos son empleados para las plantas mineras, especialmente hierro. El Litoral Central tampoco se ha salvado. Destaca lo ocurrido en Concón, donde la sobreexplotación por sondajes de la sanitaria estatal Esval y la Refinería de Petróleo de Concón han terminado con registros salinos en el estero San Gerónimo. La contaminación salina es prácticamente irreversible. Aun cuando las aguas subterráneas se dejarán de sobreexplotar, debería pasar un largo tiempo para su recuperación. Otros procedimientos son muy complejos y costosos.

Las fuentes potencialmente contaminantes que hay en el territorio nacional están en la Región Metropolitana, donde abunda el riego con aguas servidas y las actividades industriales y mineras; en los valles transversales de Aconcagua al norte, donde las faenas agrícolas y mineras afectan caudales de dilución muy bajos; el valle longitudinal, con niveles freáticos relativamente superficiales y fuentes de contaminación agrícola, urbana, minera e industrial, y zonas costeras del norte chico y área central, que presentan acuíferos con riesgo de intrusión salina debido a una alta explotación para agua potable.

Una evaluación realizada en 1990 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios arrojó que de 395 servicios de agua potable entre las regiones I y XII, en 102 localidades había problemas con la calidad subterránea. De ellas, 45 presentaban compuestos nitrogenados (nitrato, nitrito); en 40 había niveles de fierro, en la mayoría de los casos en conjunto con manganeso, y en 17 se detectaron problemas diversos, por lo general sólidos disueltos, cloruros y magnesio. A estos antecedentes deben sumarse los altos contenidos de arsénico del agua subterránea que nutre a Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, en el Norte Grande, además de flujos similares en la I Región.
Otros problemas están dados por el uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales. Las normas existentes no favorecen un uso técnico, equilibrado y racional.

5. - En Chile el 85% de las aguas servidas son vertidas a ríos y mares
Las aguas servidas son la principal fuente de contaminación de los ríos y la costa. El servicio de alcantarillado alcanza al 82,7% de la población y, a través de él, los vertidos de más de once millones de personas se descargan directamente sobre el medio ambiente. Un 84,8% de ese material no recibe ningún tipo de tratamiento, sí lo tiene el 8,3% y el 6,9% se evacua a través de emisores submarinos.
El 79% de las aguas servidas va a dar a los ríos y el 21% al mar. El total descargado en el país alcanza a 672,4 millones de m3/año, con un peso orgánico asociado de 166,9 millones de toneladas al año. Unas 160 ciudades lanzan sus vertidos al sistema hidrográfico a razón de 15 m3/s. Las zonas más afectadas son la bahía de Valparaíso, el río Maipo, que recibe los desechos de Santiago, y la bahía de Concepción. En la Región Metropolitana, los principales cauces receptores de agua servida son el zanjón de la Aguada y el río Mapocho, que reciben en forma directa más de un 60% y un 35% del total, respectivamente.

Unas 600 mil hectáreas se están regando en Chile con aguas servidas o contaminadas con fecas, con serias repercusiones para la salud de las personas. Debido a ello, en 1990, la población de Santiago registró tasas de tifoidea equivalentes al doble del promedio nacional: 50 casos al año por cada cien mil habitantes. Sólo después de la emergencia del cólera, en 1992, medidas especiales de control contribuyeron a una disminución del tifus y la hepatitis, ambas enfermedades que se trasmiten a través del agua y los alimentos contaminados con heces humanas. Sin embargo, a la fecha todavía hay áreas en las cuales se mantienen: en Coquimbo los casos de tifoidea han subido de 14,5 a 17,5 por cada cien mil habitantes y la hepatitis de 85,5 a 105,8. En Concepción, la hepatitis se elevó de 37,4 a 42,2.

6.- Ineficiencia agrícola y elevada contaminación del agua de riego
Como se ha visto, el mayor consumidor de aguas del país es el sector agrícola, que las utiliza para riego. Se estima que de un total de 2,5 millones de hectáreas regables mediante técnicas convencionales, las superficies bajo canal alcanzan a unos dos millones de hectáreas, de las cuales el 60% cuenta con abastecimiento seguro. El sector privado domina este aprovechamiento, mientras que el área pública tiene una injerencia bastante secundaria, por lo que gran parte de las decisiones de gestión están en manos de los agricultores y de las organizaciones de regantes.

Se ha comprobado que los procedimientos de riego utilizados son altamente inadecuados, con grados de hasta 80% y 70% de ineficiencia en grandes zonas del país, porcentaje que disminuye en aquellas áreas con riego altamente tecnificado. El agua que no es bien aprovechada por lo general causa anegamientos, salinidad del suelo y contaminación de los ríos y de aguas subterráneas, sobre todo en zonas de agricultura intensiva.
A la ineficiencia se suman los impactos ambientales provocados por los cambios tanto en el uso de la tierra como en los sistemas productivos. Poco se ha estudiado sobre el tema, pero especialistas han establecido algunos de estos perjuicios, que se traducen en dosis excesivas de fertilizantes, como las utilizadas en el cultivo de maíz en la VI Región, que contribuyen al deterioro del agua por escurrimiento y lixiviación de nutrientes; la contaminación difusa, proveniente del vertido de residuos líquidos y sólidos de establos y lecherías a esteros y ríos; y la contaminación por pesticidas, ya que la gran cantidad de herbicidas, fungicidas e insecticidas usados hoy ocasionan un cóctel químico de alto daño al ambiente, sobre todo cuando muchos de ellos, a pesar de ser considerados al menos dudosos en Estados Unidos, tiene amplio uso en Chile.

Otros sectores de la economía nacional también provocan serios perjuicios en el agua agrícola. La contaminación con metales pesados provenientes de la minería es evidente. Mediciones en el río Mapocho hablan de aguas contaminadas con sulfatos y metales pesados (cobre, principalmente). Paralelamente, las mismas aguas aumentan su conductividad eléctrica debido a las descargas de compuestos orgánicos activos que vienen de las industrias. La contaminación microbiológica por descarga de aguas servidas es otro fenómeno: Un estudio del SAG de 1993, denunció que 750 mil hectáreas están afectadas por este severo problema. El 45% de ellas son regadas con aguas que contienen más de 10.000 coliformes fecales/100 ml de agua, cuando lo normal es no más de 1.000 coliformes.

6.- En Chile mas del 90% de las industrias no trata sus residuos
Aunque no existen buenas estadísticas sobre consumo del agua en la industria, en especial porque se confunde con el resto de los usos urbanos, sabemos que en 1996 este sector demandaba 639,6 miles de litros por segundo, equivalentes al 7,9% del total nacional. Se calcula que al 2017 sus necesidades crecerán a mas del doble, hasta llegar a los 1.580,4 miles de litros por segundo, 12% del total nacional.

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las estadísticas, la región que más agua demanda para el sector industrial es la VIII del Bío Bío, con el 61,4% del sector, mientras que la Metropolitana se ubica en un lejano segundo lugar, con 13,5%, y la V más abajo, con 6,3%. Hacia el futuro, se prevé que las dos primeras se mantengan en esos niveles, en tanto que Valparaíso será desplazado por la X Región. Si no se habilitan instalaciones de tratamiento de aguas, este incremento de la actividad industrial significará también un aumento de la contaminación.

Una situación especialmente grave está dada por el hecho de que el gobierno no fiscaliza las descargas contaminantes del sector industrial. Los residuos industriales líquidos (llamados "riles") están compuestos por elementos químicos orgánicos o inorgánicos que impactan severamente en la naturaleza, muchas veces modificando la diversidad de especies e incidiendo directamente en la cadena alimentaria del ser humano. El problema tiene un origen claro: el 92,3% de las industrias en Chile evacua sus riles sin tratamiento alguno al ambiente o, en el mejor de los casos, sus sistemas no cumplen cabalmente con las exigencias de la ley. Sólo un 7,9% de las industrias tienen plantas de tratamientos autorizadas, pero la gran mayoría de ellas no ha informado si están operativas. Apenas dos de cada cien industrias informan a la autoridad del tratamiento que realizan. Nadie las obliga, naturalmente.
Las descargas industriales más relevantes provienen de la minería del cobre, las fábricas de celulosa y papel, y las instalaciones pesqueras. Los aportes más significativos de carga orgánica los entregan las cuencas de los ríos Maipo, Aconcagua, Andalién y Bío Bío, y las áreas marinas más afectadas se hallan en torno a Valparaíso y Concepción.

El Catastro Nacional de Riles efectuado en 1993 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios entregó antecedentes muy gráficos sobre la crítica situación del sector, entre otros:
" Un 57,3% de las descargas se efectúan directamente en las redes de alcantarillado, un 11,1% al suelo, un 16,9% a los ríos y un 8,3% al mar.

" La autoridad no fiscaliza el vertido de riles, lo cual acrecienta las consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Los instrumentos de control son: la fijación de normas de emisión (ya existe la Norma Chilena 1.333), normas sobre calidad del agua para diferentes usos, y el Reglamento de la Ley N.o 3.133 de 1916, que para ser cumplido debe ser primero actualizado.
" Falta legislación para controlar las descargas clandestinas de sustancias altamente tóxicas. Se requiere determinar un delito específico que obligue a la autoridad a movilizarse frente a lo que ocurre.

" Faltan instrumentos de control para ejercer una fiscalización realmente efectiva, en un marco donde las exigencias se han multiplicado.

8.- La minería contamina gravemente las aguas y compite por ellas con otras actividades productivas
Tampoco existen en Chile estadísticas sobre el consumo de agua en la minería, pero su demanda asciende a 546 mil litros por segundo, igual al 6,7% del total nacional. En el 2017, el sector requerirá de 799,2 mil litros por segundo. Se desconoce cuál será su nivel de contaminación, pero es posible proyectarlo a partir de la deteriorada situación actual.

En el caso de la gran minería del cobre, localizada en las regiones II y III, la escasez del recurso se ha traducido en una creciente competencia por su uso, lo que, de seguir así, desembocará en que las peticiones de agua serán mayores que las disponibilidades, un escenario absolutamente insustentable. El rubro cuprífero de Antofagasta, a principios de los 90, usaba en sus procesos el 15% del agua disponible, pero en el 2000 debería estar consumiendo el 35%, lo cual le restará recursos fundamentalmente al agro local, que del 67% que utilizaba en 1990 bajaría a casi 50% en el año 2000.
Ambientalmente, el problema no es menor. La ley sobre residuos mineros prohíbe las descargas de relaves a cualquier cuerpo de agua, sea continental o marino. A pesar de ello, se ha autorizado la emisión de efluentes líquidos al mar y a ríos, como en el caso de Minera La Escondida y el tranque Carén del mineral El Teniente. En este último caso, a pesar de que las aguas no cumplen todas las especificaciones para riego, la Dirección General de Aguas ha autorizado su vaciamiento en forma transitoria.

CASOS DE CONTAMINACION POR RELAVES MINEROS

La permanente contaminación que han generado los desechos de la actividad minera en Chile se ha originado en la falta de un manejo oportuno, adecuado y eficaz, lo que ha impactado tanto en la salud de las personas como en el entorno natural. Algunos casos críticos registrados en los últimos años hablan por sí solos:

" Operación de las plantas mineras del río Copiapó: Ha afectado a la comunidad de Viñita Azul, comuna de Copiapó. Esta comunidad interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones local, debido a que durante años había sufrido el derrame de desechos mineros al cauce del río y una constante amenaza de colapso de los tranques de relave. El tribunal falló en contra del recurso, por lo cual éste fue presentado a la Corte Suprema, que sí lo acogió. Acto seguido, ordenó el traslado de las plantas mineras que afectaban tanto a la población como al medio ambiente.

" Concentración de arsénico en el río Elqui: Se ha detectado una alta concentración de arsénico en el río Elqui, IV Región. Según un estudio realizado por un comité multisectorial (Servicio de Salud y Comisión del Medio Ambiente), las faenas mineras en los sectores de San Pablo y San José de la compañía El Indio, eran responsables de esos niveles tóxicos. Otra de las causas probables es el cierre del embalse La Laguna, cuyas aguas servían de diluyente al altamente contaminado río Malo, proveniente de sectores mineros de la zona (*).

" División El Salvador de Codelco: Durante más de 30 años la División El Salvador de Codelco (III Región), depositó los relaves en la bahía de Chañaral, lo que provocó embancamiento de arenas con metales pesados y, como consecuencia, la destrucción de gran parte de la fauna marina. Por orden judicial, en 1990 El Salvador tuvo que instalar un tranque de relaves y una planta de tratamiento previo. Sin embargo, las tres décadas de continuo deterioro ambiental aun no son completamente evaluadas, sobre todo respecto de la salud de las personas, la economía local y el deterioro del paisaje.

" División Andina de Codelco: Los episodios de escape de relaves de la División Andina al río Aconcagua se siguen sucediendo irresponsablemente año tras año, sin que el gobierno ponga fin a esta situación. En vez de ello, insólitamente, las autoridades avisan a los agricultores para que no utilicen las aguas de regadío. Habría que evaluar que tan efectiva y oportuna es esa alerta que se da al agro de la zona.

(*) San Martín, P.; "Conflictos ambientales en Chile"; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Instituto de Ecología Política, 1997.

9.- En Chile existe un monopolio de los derechos de agua en manos de las empresas eléctricas.
El peso del sector hidroeléctrico en el consumo de agua aumenta en forma creciente. Se estima que alrededor del año 2030 la potencia instalada de 3.000 MW que había en 1993 habrá crecido siete veces, a cerca de 20.000 MW adicionales. Esto supone la construcción de unas 100 nuevas centrales entre la V y la XI regiones.

La demanda eléctrica se elevó en la última década por sobre el crecimiento económico del país: a casi el 10% anual, frente a un entre 6% y 7% del PIB. A este ritmo, Chile requeriría instalar 6.000 MW en plantas hidroeléctricas en el decenio 2005-15, para no aumentar la dependencia de los combustibles extranjeros.
A lo largo del país, la VII Región demanda la mayor cantidad de recursos para la generación hidroeléctrica, debido a la presencia del complejo Colbún-Machicura y de la central Pehuenche, que se cuentan entre las instalaciones más importantes del país en su tipo. Las regiones VI, X y VIII tienen también un requerimiento considerable para cubrir el funcionamiento de las centrales Rapel (VI Región), Canutillar (X Región) y El Toro y Antuco (VIII Región).

El Sistema Interconectado Central (SIC) es el conjunto de instalaciones eléctricas de mayor importancia en el país. Actualmente dispone de una potencia total de 3.814,1 MW, dividida en 3.028,4 MW hidráulicos y 785,7 MW térmicos. En conjunto, representa alrededor de un 96% del total instalado para el servicio público del país. Cubre un área geográfica que abarca desde Taltal (II Región) por el norte, hasta la Isla Grande de Chiloé (X Región) por el sur, con una longitud de 2.100 kilómetros. En esta red habita el 92,4% de la población del país y se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas.

Dada la relevancia del SIC en el consumo de aguas, conviene prestar atención a su llamado "Plan Tentativo de Instalaciones de Centrales Eléctricas", proyectado para el período 1994-2022, y que contempla la construcción, además de once plantas térmicas, de 25 hidroeléctricas.

25 NUEVAS CENTRALES HIDROELECTRICAS

-X Región de Los Lagos: 10 centrales (cuenca de los ríos Valdivia y Puelo).

-VIII Región del Bío Bío: 6 centrales (cuenca de los ríos Bío Bío e Itata).

-VII Región del Maule: 4 centrales (cuenca del río Maule).

-VI Región del Libertador: 2 centrales (cuenca del río Rapel).

-Región Metropolitana: 1 central (cuenca del río Maipo).

-V Región de Valparaíso: 1 central (cuenca del río Aconcagua).

-XI Región de Aysén: 1 central (cuenca del río Baker).

De este grupo, las de mayor potencia serían El Saltón (XI Región), con 920 MW, y La Cuesta (X Región), con 910 MW.

La materialización de estos proyectos involucra perjuicios ambientales de enorme magnitud. Hasta la fecha las autoridades no han dimensionado y, menos aún incorporado, los diversos impactos que estas centrales tienen sobre el entorno natural, cultural y social. Desde luego, tampoco han considerado el riesgo a que están expuestos muchos de los ecosistemas regionales, y menos aún las distintas comunidades locales e indígenas de nuestro país. Baste recordar lo ocurrido frente al megaproyecto que contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Biobío. Ya se construyó Pangue y en 1998 fue aprobada la central Ralco, pese a la fuerte y sostenida oposición de grupos ecologistas y de pehuenches.

Agrava lo anterior el considerable número de derechos de aprovechamiento concedidos por la Dirección General de Aguas. Muchos de ellos han sido solicitados para la construcción de centrales hidroeléctricas, y en los casos en que no se especifica ese fin, se presume fundadamente que el objetivo es el mismo. Por lo demás, entre los grandes poseedores de derechos de agua no consuntivos figuran Endesa, el mayor de todos, con el 80% de la disponibilidad, lo cual lo transforma en virtual actor monopólico; y más atrás, la Compañía General Industrial y Chilgener, con caudales de 370 y 320 m3/s, respectivamente. El resto de los grandes usuarios posee derechos que varían entre los 18 y los 30 m3/s.

El incremento de potencia proyectado por las empresas eléctricas, tiene como único fin vender cada vez mas energía sin considerar los efectos destructivos de tan lucrativa meta. Frente a la magnitud del daño ambiental que generaría continuar impulsando megaproyectos, convendría al menos preguntarse si el país requiere realmente de tal cantidad de centrales hidroeléctricas o, si por el contrario, optará por reducir la demanda en casi 50% a través de una ordenada política de eficiencia energética, que permitiría un ahorro potencial de 25% y 50% para los años 2010 y 2020, respectivamente, sin necesidad de recurrir a nuevas obras.

La escasa disponibilidad de agua entre las regiones I y VI plantea un futuro insustentable para los chilenos. Las autoridades parecen no haberse percatado de que el país viene enfrentando períodos de sequía con mayor frecuencia en las últimas dos décadas. La de 1998 significó pérdidas enormes en la producción agropecuaria y costos irreparables para miles de medianos y pequeños agricultores. Lo más grave y significativo fue, en todo caso, que la escasez afectó al sur del país, tradicionalmente abundante en agua. La falta de precipitaciones afectó también los usos hidroeléctricos, cuyas precariedades han sometido a la población a una de las mayores crisis de energía de que se tenga memoria, acrecentada con períodos de racionamiento de electricidad mal programados, todo lo cual ha confirmado que para las grandes empresas energéticas sólo importan las ganancias a corto plazo. De hecho, no cuentan con inversiones destinadas a estudiar el comportamiento del recurso hídrico.

10.- El sistema establecido por el Código de Aguas estimula la especulación
La base sobre la cual se ejecuta la política hídrica del país, y que resulta responsable de los problemas de contaminación y escasez ya descritos, es el Código de Aguas, dictado en 1981, con un fuerte sesgo pro mercado, ya que privatizó la propiedad del agua y, por primera vez en la historia de Chile, los separó del dominio de la tierra para permitir su libre compra y venta.

Dicho Código define al agua como un bien nacional de uso público, cuyos derechos de aprovechamiento son concedidos por la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Una vez otorgados estos derechos, el Estado no interviene más, permitiendo que la redistribución se realice a través de transacciones entre particulares en lo que se ha dado en llamar "el mercado del agua".

Fue precisamente este Código el que introdujo la figura de los "derechos no consuntivos" de agua, destinados al desarrollo hidroeléctrico, cuyas aguas no se consumen con el uso y son devueltas (hipotéticamente) a los ríos, sin perjudicar a los demás usuarios. La normativa, sin embargo, es lo suficientemente ambigua como para que los conflictos que puedan suscitarse con los derechos de otros sectores, como el agro por ejemplo, no sean completamente resueltos. De hecho, fallos recientes, negativos para los regantes, han contradicho principios previamente establecidos, aunque siempre en favor de las hidroeléctricas. Así ocurrió en el caso de Pangue con la cuenca del río Bío Bío).

Sin embargo, el aspecto más delicado de lo que está ocurriendo en el sector, remite a los derechos de aprovechamiento. Tales derechos son concedidos en forma gratuita y a perpetuidad, de forma que el particular que los posee no está obligado a declarar cómo y cuándo usara el agua. No existe, además, costo alguno por su no utilización, por lo que pueden ser conservados con fines meramente especulativos. Las aguas son tratadas, así, como un bien estrictamente privado, cuya transferencia, transmisión, adquisición o pérdida por prescripción se efectúa según las normas del Código Civil. Los derechos de agua entonces, son los únicos derechos de propiedad en Chile que se otorgan gratuitamente y sin ninguna clase de exigencias, al contrario de otros sectores donde se paga patentes o impuestos.

Además, la norma no se preocupa de determinar usos prioritarios, por lo que estos quedan al juicio del mercado. Lo preocupante de esta situación remite al campo de los principios, ya que el Código omite el hecho fundamental de que el agua es, primero que nada, un recurso natural indispensable para la vida, por lo cual no puede ni debe estar sujeta a criterios economicistas. Es tanto así que las leyes no contemplan el concepto de Caudal Ecológico Mínimo, sin el cual será muy difícil en el futuro resguardar los flujos hídricos con finalidades sustentables. Tampoco se integran otros usos como los In Situ, que apuntan al aprovechamiento de ríos para fines recreacionales, de navegación, turísticos y paisajísticos.

Aunque a fines de 1992, se envió al Congreso un proyecto de ley para modificar este Código por ser extremadamente permisivo y facilitar la acumulación de derechos de agua sin un uso previsible en el tiempo, hasta fines de 1998 aún no se había aprobado reformas ni se conocía el proyecto definitivo.

PROPUESTAS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE

El desarrollo sustentable requiere el establecimiento de criterios de protección ambiental, equidad social y participación ciudadana.. En el caso de la gestión de los recursos hídricos, estos criterios deben orientar el aprovechamiento de los recursos existentes en un determinado ecosistema, y asegurar el manejo adecuado de los recursos con el objetivo de preservarlos, conservarlos o protegerlos. La equidad en el acceso y uso de dichos recursos, se alcanzará sólo en la medida que los sistemas de gestión sean participativos y democráticos.

La variedad de características que presentan los recursos hídricos, hace que su planificación y gestión sea particularmente compleja, en especial en Chile, donde, por su heterogeneidad espacial, la disponibilidad de agua oscila enormemente entre las regiones del norte, centro y del sur del país. También necesitamos considerar criterios de incertidumbre, por las extremas variaciones que suponen eventos climáticos radicales, como las sequías y las inundaciones.
En nuestro país, la mayor dimensión de las cuencas hidrográficas en relación con los territorios político-administrativos, implica el acuerdo y la coordinación de muchos actores, para la conservación de la cantidad y calidad del agua. En este marco, para asegurar el manejo sustentable del recurso, es imprescindible incorporar sistemas integrados de gestión, en particular el municipal o comunal.

A la ausencia de criterios de manejo integrado de cuenca, se suma la falta de una política nacional de recursos hídricos; la existencia de un marco jurídico-legal con serias deficiencias y limitaciones; la escasez de estudios e investigaciones y, por consiguiente, la ignorancia sobre temas como el estado de las aguas subterráneas, los caudales mínimos y los cambios en la calidad del recurso. También se extraña la no consideración en forma explícita de los Caudales Ecológicos ni de los usos In Situ.

Otro complejo y urgente desafío pendiente para la planificación y gestión sustentable del agua, es la participación de los distintos usuarios y la coordinación entre las instituciones sectoriales vinculadas al recurso.

Con miras a desarrollar una estrategia mayor que permita un uso sustentable del agua en Chile, presentamos las siguientes propuestas de cambio:

1.- Definición de una Política Nacional de los Recursos Hídricos
El uso adecuado y eficiente de los recursos hídricos implica definir en la arena política los usos que la sociedad considera más prioritarios, la administración del aparato institucional que la maneja, la incorporación de mejores tecnologías de planificación, asignación y manejo del recurso, y la asimilación de una nueva cultura del agua.
Una política de manejo sustentable debe considerar necesariamente los intereses sociales de largo plazo, entre los que se incluyen los derechos de las generaciones futuras. Para ello es fundamental que existan mecanismos claros y transparentes de participación y decisión de la ciudadanía, así como la información oportuna, adecuada y necesaria para avalar los procesos de toma de decisión. Por ello, una política de aguas debe tener como objetivos generales:

1.1.- Proteger y conservar los ecosistemas fluviales, asegurando su mantención en el tiempo: Una política sobre los recursos hídricos debe contener en forma explícita la protección y conservación de los distintos ecosistemas fluviales existentes en el país. De esa forma se asegurara tanto la biodiversidad existente como su mantención en el tiempo. Se trata de un aspecto sustancial en un plan de futuro.

1.2.- Asegurar el acceso al agua en forma oportuna, equitativa y sin riesgos a toda la población: Siendo el agua un bien esencial para la vida, todo ser humano tiene derecho a tener un acceso a ella en forma oportuna, equitativa